¿De quién es Venezuela?
El terremoto del 24 de junio de 2026 destruyó edificios, carreteras, hogares y miles de vidas. Pero también hizo algo que ningún sismógrafo podía registrar: movió las estructuras políticas de un país que ya llevaba años viviendo entre crisis, desconfianza institucional, sanciones, intereses extranjeros y una transición cuyo destino todavía está lejos de estar definido.
Cuando terminé de investigar Terremoto en Venezuela, hubo una pregunta que deliberadamente dejé abierta.
No porque faltara una opinión.
Sino porque sobraban razones para no convertir una sospecha en una certeza.
El capítulo 40 del libro se tituló “La pregunta venezolana que Washington no quiere responder”. Allí examiné una contradicción que comenzaba a hacerse cada vez más difícil de ignorar: Estados Unidos podía desempeñar un papel importante acompañando una transición democrática, protegiendo determinados procesos institucionales, facilitando recursos para la reconstrucción y ejerciendo presión sobre quienes durante años habían concentrado el poder. Pero esa participación también podía cruzar una línea.
La diferencia aparecería cuando los intereses de Washington y la voluntad de los venezolanos dejaran de coincidir.
Y esa línea parece hoy más importante que nunca.
Treinta y una toneladas
Venezuela posee aproximadamente 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Son reservas venezolanas. Su valor actual supera los 4.000 millones de dólares.
Durante años esos activos permanecieron atrapados en una disputa jurídica y política sobre quién tenía autoridad legítima para controlarlos. Ahora, después de los devastadores terremotos, Gobierno y oposición han encontrado algo extraordinariamente difícil en la historia venezolana reciente: un punto de coincidencia.
Ambos quieren recuperar el oro.
La razón también resulta difícil de cuestionar. Venezuela necesita reconstruirse.
Miles de familias perdieron viviendas. Hospitales, escuelas e infraestructura necesitan recursos. La emergencia no terminó cuando dejaron de escucharse voces debajo de los escombros. Después del rescate llegaron el duelo, las demoliciones, los desplazamientos y una factura económica que probablemente acompañará al país durante años.
La recuperación de esas reservas podría convertirse en una fuente extraordinaria de financiamiento para esa reconstrucción.
El problema comienza con la siguiente pregunta:
¿Quién administrará el dinero?
Cuando nadie confía en nadie
La oposición venezolana tiene razones históricas para exigir mecanismos de supervisión.
La desconfianza hacia las instituciones no apareció después del terremoto. Décadas de opacidad, corrupción denunciada, debilitamiento institucional y ausencia de controles independientes hicieron que entregar miles de millones de dólares sin auditoría resulte difícil de defender.
El primer ciclo de negociaciones de agosto produjo avances que deben reconocerse. Gobierno y oposición acordaron impulsar una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia y trabajar conjuntamente para recuperar las reservas de oro. También se plantearon mecanismos de transparencia, auditoría y trazabilidad para los recursos destinados a las víctimas y a la reconstrucción.
Eso es importante.
Pero un acuerdo no equivale todavía a una institución funcionando.
Una promesa de transparencia no es transparencia.
Y recuperar el dinero tampoco responde automáticamente quién debe tener las llaves.
Entonces aparece Washington
Las informaciones conocidas después del cierre documental de Terremoto en Venezuela agregaron una nueva dimensión al problema.
Se ha planteado un mecanismo mediante el cual recursos relacionados con esas reservas venezolanas quedarían bajo control o supervisión estadounidense mientras se determina su utilización para la reconstrucción.
Conviene hacer aquí una distinción fundamental.
Hasta el momento, la evidencia disponible no demuestra que Estados Unidos se esté apropiando de las 31 toneladas de oro venezolano para incorporarlas como patrimonio estadounidense.
Decir eso sería ir más allá de lo que puede probarse.
Lo que sí existe es una discusión sobre un mecanismo mediante el cual Estados Unidos tendría una función determinante en la custodia, supervisión o administración de recursos que pertenecen a Venezuela.
Y eso abre una pregunta completamente diferente.
Una pregunta sobre soberanía.
¿Es mejor la cura que la enfermedad?
Si entregar directamente miles de millones de dólares a instituciones venezolanas genera temor por corrupción, opacidad o utilización política, buscar un mecanismo internacional de vigilancia puede parecer razonable.
Pero existe otra pregunta que también merece formularse:
¿En qué momento proteger los recursos de un país comienza a convertirse en controlar los recursos de ese país?
No existe una respuesta sencilla.
Precisamente por eso sería un error reducir esta discusión a consignas.
Estados Unidos puede contribuir a impedir que los fondos desaparezcan dentro de estructuras opacas. Puede exigir auditorías. Puede facilitar acuerdos internacionales. Puede ayudar a que el dinero llegue realmente a viviendas, hospitales, escuelas y familias afectadas.
Todo eso puede beneficiar a Venezuela.
Pero ninguna de esas posibilidades convierte automáticamente a Washington en propietario político de las decisiones venezolanas.
La reconstrucción de un país no puede convertirse en la transferencia silenciosa de su soberanía.
El terremoto cambió la ecuación
Antes del 24 de junio, las discusiones sobre Venezuela giraban principalmente alrededor de elecciones, sanciones, petróleo, presos políticos, legitimidad institucional y transición.
Después del terremoto apareció otra variable:
la necesidad.
Un país herido necesita dinero.
Necesita maquinaria.
Necesita inversión.
Necesita reconstruir.
Y quien controla los recursos necesarios para esa reconstrucción inevitablemente adquiere influencia.
Ahí está uno de los mayores riesgos del momento venezolano.
La tragedia puede convertirse en una oportunidad extraordinaria para reconstruir instituciones que ya estaban dañadas antes de que comenzara a temblar la tierra.
Pero también puede convertirse en una oportunidad para redistribuir poder.
Y no necesariamente hacia los ciudadanos.
Venezuela no necesita cambiar de dueño
Durante demasiado tiempo los venezolanos han vivido observando cómo distintos grupos aseguran actuar en nombre del país.
Gobiernos.
Partidos.
Militares.
Empresarios.
Potencias extranjeras.
Aliados internacionales.
Cada uno puede presentar razones, intereses e incluso argumentos legítimos. Pero existe una pregunta que debería permanecer por encima de todos ellos:
¿Qué quieren los venezolanos?
No Washington.
No Caracas.
No una mesa de negociación aislada de la sociedad.
Los venezolanos.
Si los recursos recuperados del extranjero se utilizan para reconstruir viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura bajo mecanismos verificables, transparentes y auditables, su recuperación puede convertirse en una oportunidad histórica.
Pero esos mecanismos deberían proteger el patrimonio venezolano, no sustituir la capacidad futura de Venezuela para administrarlo.
Supervisar no debería significar apropiarse.
Ayudar no debería significar decidir permanentemente.
Y acompañar una transición no debería significar convertirse en su propietario.
La pregunta que quedó abierta
Cuando cerré documentalmente Terremoto en Venezuela el 13 de agosto de 2026, decidí no presentar como conclusiones aquello que todavía pertenecía al terreno de las preguntas.
Los contratos, decisiones judiciales, negociaciones y declaraciones podían documentarse.
Las verdaderas prioridades de Washington, los posibles conflictos de interés y el límite entre acompañamiento internacional y pérdida de soberanía requerían más tiempo.
Los acontecimientos posteriores no han eliminado esas preguntas.
Las han hecho más importantes.
Treinta y una toneladas de oro pueden ayudar a reconstruir miles de hogares.
Más de 4.000 millones de dólares pueden financiar hospitales, escuelas e infraestructura.
Pero existe algo que ningún fondo de reconstrucción debería comprar.
La voluntad de un país.
Venezuela necesita instituciones capaces de impedir que sus propios gobernantes se apropien de lo que pertenece a sus ciudadanos.
También necesita suficiente soberanía para impedir que otros países terminen decidiendo por ellos bajo el argumento de protegerlos de sí mismos.
Tal vez allí se encuentre una de las pruebas más difíciles de la etapa que comenzó después del terremoto.
No solamente reconstruir edificios.
No solamente recuperar reservas.
No solamente cambiar magistrados, celebrar elecciones o levantar sanciones.
Sino construir un país donde finalmente pueda responderse una pregunta que debería haber tenido siempre una respuesta evidente:
¿De quién es Venezuela?
De los venezolanos.
Este artículo continúa una discusión que permanecía deliberadamente abierta al cierre editorial de Terremoto en Venezuela. Los acontecimientos posteriores al 13 de agosto de 2026 forman parte de una realidad política todavía en desarrollo y deben evaluarse conforme aparezcan nuevos documentos, acuerdos y mecanismos verificables.
Si deseas profundizar en los acontecimientos que llevaron hasta este punto —desde las primeras horas del terremoto y las operaciones de rescate hasta las denuncias, la respuesta institucional, la ayuda internacional y las preguntas que comenzaron a surgir alrededor de la transición venezolana— puedes visitar el área de Libros de este sitio y conocer Terremoto en Venezuela, de J.C. Serven, publicado por FLG Publisher LLC.
